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El fiasco de la escuela de funcionarios de Escrivá, convertida en centro de acogida

Nada nos recuerda a marzo de 2001, cuando la Seguridad Social adquirió un gran solar en la ciudad de Madrid Pozuelo de Alarcón para montar un centro de formación permanente de funcionarios, pero también para celebrar eventos y congresos, que el ambicioso proyecto acabaría convirtiéndose en una pesada carga económica y un auténtico fiasco. El centro tardó 12 años en ponerse en marcha, aunque el presupuesto detrás de él fue más que sustancial con 86,5 millones de euros. Recién en febrero de 2002 se presentó la maqueta del proyecto. Fue durante el segundo reinado de José María AznarCon Juan Carlos Aparicio como Ministro de Trabajo y Gerardo Campamentoscomo Secretario de Estado de la Seguridad Social.

El complejo de cinco edificios, que estaba destinado a ser un hotel de lujo con piscina climatizada y restaurante exclusivo para estudiantes, es ahora el solar del hotel tras un intento fallido de venta cincuenta refugiados ucranianos. Más de 230 espacios de estacionamiento y 24,800 pies cuadrados es un ejemplo de dinero público mal invertido y otra propiedad del Seguro Social que se encuentra vacante o no apta para el propósito previsto. En general, según un informe reciente de tribunal de cuentas, dos de cada diez inmuebles propiedad del ministerio que encabeza José Luis Escrivá están deshabitados. Un total de 875 inmuebles de un stock de 4.100 están vacíos.

En los seis años que lleva el centro en activo, entre 2013 y abril de 2019, no ha conseguido ninguno de los objetivos y los problemas, incluidos los judiciales, han sido una constante. Como ha señalado el Tribunal de Cuentas, la entrada en vigor de la Normativa técnica de la edificación, fue una de las razones de los retrasos, pero también resultó en un aumento muy significativo del 20% en el presupuesto para cumplir con las reglas. El mantenimiento durante el funcionamiento del complejo supuso otros 7,6 millones de costes, principalmente por las facturas de energía y seguridad, pero los ingresos se limitaron a 98.000 euros.

En 2019 ya se decidió con el Gobierno de Sánchez no renovar el contrato con el adjudicatario y se puso a la venta, pero nadie se ofreció a comprarlo

El informe muestra que el uso hereditario de la residencia se ha adjudicado a una empresa y la actividad del centro se ha visto gravemente mermada como consecuencia de la notificación de la empresa adjudicataria en enero de 2016 de que no podía prestar los servicios de alojamiento y restauración por las prestaciones exigidas. el contrato firmado. La actividad fue prácticamente nula ese año pero se recuperó en 2017 debido al cambio de adjudicatario. Sin embargo, en 2019 ya con el gobierno de Pedro Sánchezse decidió no renovar el contrato y se puso a la venta el edificio.

La viabilidad económica fue una de las claves para poner a la venta el complejo de formación. La ocupación media desde su apertura ha sido de 65 cursos al año, lo que corresponde a unos 1.700 alumnos o una media de 36 personas a la semana. La capacidad máxima diaria del centro era de 434 estudiantes, pero la asistencia diaria promedio era de 12 estudiantes, solo estaba abierto tres días a la semana. infrautilización el centro se manifiesta en la ocupación fue el 2,7% del total.

La propiedad estaba incluida en el Plan de eliminación 2019-2020. La subasta pública se realizó el 21 de noviembre de 2019 y se declaró nula por falta de postores por resolución federal Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social. El tipo mínimo de puja fue de 59,6 millones de euros, lo que supone una depreciación del 24,39% sobre la inversión inicial. La TGSS está tratando de crear un punto de contacto para el centro, pero ha estado acogiendo temporalmente a refugiados ucranianos desde marzo. Un servicio evidentemente útil, pero para el que no fue diseñado.

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